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La “carga pública” vuelve a estar en las noticias de inmigración, y dos cambios recientes del gobierno están generando una comprensible confusión entre las familias.
Uno de los cambios entra en vigor el 18 de septiembre de 2026 y afecta a muchas personas que solicitan la residencia permanente desde dentro de Estados Unidos. Por separado, un nuevo programa piloto afecta a ciertas personas que solicitan visas de inmigrante en embajadas y consulados de Estados Unidos en el extranjero.
Si usted o algún familiar está solicitando la residencia permanente, la pregunta más importante es: ¿Dónde se está tramitando la solicitud?
Si solicita la residencia permanente desde dentro de Estados Unidos
El 18 de septiembre de 2026 entrará en vigor una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta regla elimina las regulaciones sobre carga pública que han estado vigentes desde 2022 y otorga a los oficiales de inmigración mayor discreción al decidir si es probable que un solicitante se convierta en una carga pública.
La regla se aplica a las solicitudes de ajuste de estatus presentadas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 18 de septiembre o después de esa fecha, así como a ciertas solicitudes de admisión realizadas a partir de esa fecha.
El ajuste de estatus es el proceso que utilizan los inmigrantes elegibles que ya se encuentran en Estados Unidos para solicitar la residencia permanente sin tener que salir del país.
Según la ley de inmigración, un solicitante que sea considerado como una persona que probablemente se convertirá en una carga pública puede ser declarado inadmisible. A partir del 18 de septiembre, los oficiales de USCIS tendrán mayor flexibilidad para considerar las circunstancias generales del solicitante, incluidos factores como su edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y habilidades.
Un cambio importante tiene que ver con los beneficios públicos. Bajo la nueva regla, USCIS podrá tomar en cuenta si un solicitante solicitó, fue aprobado para recibir o recibió beneficios públicos sujetos a criterios de ingresos y recursos, incluidos algunos beneficios que estaban excluidos bajo las reglas de 2022. DHS menciona específicamente programas como SNAP, Medicaid, CHIP y ciertos programas de asistencia para la vivienda. A partir del 18 de septiembre de 2026, USCIS podrá tomar en cuenta estos beneficios previamente excluidos si el solicitante los solicitó, fue aprobado para recibirlos o los recibió en esa fecha o después.
Sin embargo, recibir un beneficio público no significa automáticamente que se le negará la residencia permanente a una persona. Las decisiones sobre carga pública se basan en la “totalidad de las circunstancias”, lo que significa que el oficial debe evaluar la situación del solicitante en su conjunto, en lugar de basarse únicamente en un solo factor.
Otro punto importante para las familias: por lo general, USCIS no considerará los beneficios recibidos por un cónyuge, hijo u otro miembro del hogar como si hubieran sido recibidos por el solicitante de la residencia permanente. Por ejemplo, el hecho de que un hijo ciudadano estadounidense reciba Medicaid u otros beneficios no perjudica automáticamente a un padre inmigrante simplemente porque el hijo los recibe.
¿Qué pasa si solicita a través de un consulado de Estados Unidos?
Aquí es donde la diferencia cobra especial importancia.
La regla de DHS del 18 de septiembre regula las decisiones de carga pública tomadas por DHS, incluidos los casos de ajuste de estatus ante USCIS. No es la regla que utilizan los oficiales consulares del Departamento de Estado para decidir las solicitudes de visas de inmigrante en el extranjero. La propia regla federal distingue entre los casos de ajuste de estatus ante USCIS y los casos de visas de inmigrante tramitados en consulados y embajadas de Estados Unidos.
Sin embargo, los solicitantes consulares se enfrentan a un cambio diferente relacionado con la carga pública.
El 5 de agosto de 2026, el Departamento de Estado anunció un nuevo programa piloto que permite a los oficiales consulares exigir que ciertos solicitantes de visas de inmigrante a quienes se les haya negado la visa por motivos de carga pública soliciten una Fianza por Carga Pública (Public Charge Bond) a través de USCIS.
Una fianza puede ofrecer a un solicitante que, de otro modo, reúne los requisitos otra manera de superar una negativa por carga pública.
Esto no significa que todas las personas que solicitan una visa de inmigrante tengan que pagar una fianza. El Departamento de Estado señala que, actualmente, el programa piloto se utiliza únicamente en casos seleccionados. Si se requiere una fianza, el oficial consular se lo informará al solicitante. Los solicitantes no deben intentar obtener una fianza por adelantado.
Tampoco existe una cantidad fija para la fianza. El oficial consular determina el monto según las circunstancias particulares de cada caso.
¿Qué deben hacer las familias ahora?
El mayor error que pueden cometer las familias es suponer que cada anuncio sobre carga pública se aplica a todos los casos de inmigración.
Si tiene una solicitud de residencia permanente pendiente o piensa presentar una próximamente, hable con su abogado de inmigración antes de tomar decisiones basándose en titulares de noticias o publicaciones en redes sociales. La manera en que estos cambios pueden afectarle depende de cómo esté solicitando, de sus circunstancias particulares y de si las disposiciones sobre carga pública se aplican a su categoría migratoria.
Las reglas de carga pública pueden ser complicadas, pero entender qué conjunto de reglas se aplica a su caso es el primer paso y el más importante.
*Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoría legal. *
