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La familia del adolescente mexicano que murió de un disparo realizado por un agente de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur, no podrá reclamar daños, decidió la Corte Suprema.
La votación de los jueces fue 5-4 para rechazar que Jesús C. Hernández, el padre del adolescente, reciba compesación alguna bajo la la regla de 1971, Bivens v. Six Unknown Named Agents, la cual permite a las víctimas o sus familias obtener compensaciones si sus derechos constitucionales fueron violados por oficiales federales y no hay un remedio legal viable.
El fallo es una gran victoria para la oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), de la que forma parte la Patrulla Fronteriza, que argumentó que no debería permitirse que el caso avance.
Esto hará más difícil que víctimas o sus familiares puedan demandar a funcionarios federales cuando consideren que han violado sus derechos constitucionales.
“La regulación de la conducta de los agentes en la frontera incuestionablemente tiene implicaciones de seguridad nacional”, consideró el juez Samuel Alito en su opinón, la cual fue respaldada por todos los jueces conservadores, contra el voto de los liberales.
El resultado es similar a los más recientes en asuntos migratorios, como la regla de “carga pública”, recién aprobada para su implementación a partir de este lunes 24 de febrero.
